El Congreso de la Ciudad de México aprobó con mayoría de votos una reforma legal para tipificar como delito los llamados “pinchazos” con agujas u objetos punzocortantes, una práctica denunciada por decenas de personas en el transporte público y eventos masivos, que consiste en la introducción de sustancias sin consentimiento.
La medida permitirá que estos actos se persigan de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa.
Con 60 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, el pleno avaló el dictamen que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión y multas de 50 a 300 días a quien “sin el consentimiento de una persona, le administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia, de manera subrepticia, oculta o mediante engaño”.
Estas conductas podrán realizarse por distintas vías, como oral, intravenosa, dérmica o mediante inyecciones, agujas o alimentos contaminados.
El dictamen, impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y enriquecido con propuestas de distintos grupos parlamentarios, también establece agravantes que podrían aumentar la pena hasta 7.5 años de cárcel.
Esto aplicaría si la víctima es menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulta mayor, o si el ataque ocurre en espacios de uso colectivo como el transporte público o eventos multitudinarios. También se considera agravante si la sustancia usada tiene propiedades narcóticas, psicotrópicas o tóxicas, o si se pretende facilitar otro delito.
Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, explicó que la falta de un tipo penal específico limitaba la capacidad del Estado para investigar y sancionar estos casos.
“Es indispensable contar con un tipo penal específico, a fin de robustecer la protección jurídica para las víctimas de los pinchazos”, expresó. A su vez, la diputada Yuriri Ayala aseguró que la reforma “manda un mensaje claro y contundente: ningún tipo de violencia será minimizado o ignorado en esta Ciudad”.
En contraste, la diputada panista Frida Guillén consideró que la medida, aunque necesaria, es incompleta. Señaló que no contempla casos ocurridos en transporte privado como Uber o Didi. Su compañera de bancada, Olivia Garza, recordó que el PAN fue el primero en advertir sobre estos ataques, aunque inicialmente fueron acusados de exagerar.
La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación ciudadana. Hasta el 28 de mayo, la Fiscalía capitalina había recibido 120 denuncias por presuntos pinchazos en el Metro, Metrobús, el sistema de trolebuses y el transporte universitario “Pumabus”.
En 65 de estos casos se encontraron lesiones compatibles con objetos punzocortantes; en los otros 55, no se logró confirmar médicamente una lesión.
Las víctimas han reportado síntomas como confusión, somnolencia, mareo y pérdida de memoria. En seis de los casos con lesiones confirmadas también se reportó la desaparición de pertenencias personales, lo que sugiere posibles robos.
Sin embargo, hasta el momento no hay denuncias que vinculen estos ataques con delitos mayores como secuestros o agresiones sexuales.
En respuesta, las autoridades capitalinas han reforzado la vigilancia en el transporte público con presencia de policías encubiertos y observadores civiles.
Además, han instado a los usuarios a reportar de inmediato cualquier sospecha o piquete activando la palanca de emergencia o acudiendo al personal de seguridad del sistema.
Respecto a las sustancias involucradas, solo en cuatro de las 120 denuncias se ha podido confirmar la presencia de compuestos mediante pruebas toxicológicas. Las autoridades no han revelado qué drogas fueron identificadas, aunque expertos señalan que en otros contextos suelen emplearse benzodiacepinas, ketamina, escopolamina y GHB.
No obstante, toxicólogos advierten que la administración de estas sustancias por medio de pinchazos en espacios públicos resulta difícil, ya que requeriría varios segundos de inyección para lograr una dosis efectiva.
