Por años, el campo mexicano ha sido sinónimo de trabajo, esfuerzo y arraigo. Ahora, también lo es de miedo.
Desde Michoacán hasta Veracruz, los hombres y mujeres que cultivan la tierra —naranjas, limones, aguacates— viven bajo una amenaza constante: la violencia del crimen organizado que los extorsiona, los persigue y, cada vez más, los asesina. Aquí, en Nación321 te contamos estas historias:
El más reciente caso ocurrió el 23 de octubre de 2025, en Álamo Temapache, Veracruz, donde Javier Vargas Arias, un empresario de cítricos de 43 años, fue asesinado a balazos mientras caminaba por el ejido Jardín Nuevo. Dedicado a la compraventa de naranja, Vargas se desplomó tras recibir varios disparos y murió camino al hospital.
Su muerte golpea a una región que ya enfrentaba la devastación de los cultivos por las lluvias y desbordamientos recientes: se estima que hasta el 80% de las hectáreas de naranja fueron afectadas, lo que amenaza con una nueva crisis económica en la zona norte del estado.
Pero la violencia en el campo no es un hecho aislado. Apenas cuatro días antes, el 20 de octubre, fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán. Su cuerpo fue hallado dentro de su camioneta en un camino rural de Tierra Caliente.
Bravo había denunciado públicamente que los productores eran víctimas del cobro de piso: “pagos exorbitantes” exigidos por grupos criminales a cambio de permitirles seguir trabajando. A pesar de viajar con escoltas y vehículo blindado, el líder limonero fue asesinado tras separarse de su equipo de seguridad.
El crimen provocó la detención de dos personas, pero en la región —donde el limón es tan codiciado como peligroso— pocos confían en que haya justicia. Los agricultores saben que cada temporada de cosecha puede ser la última.
EL PRECIO DE DECIR “NO”
Negarse a pagar el derecho de piso puede costar la vida. En marzo de 2024, Karla Citlali, una joven empresaria de 27 años, líder de productores de aguacate en Michoacán, fue ejecutada de un disparo en la cabeza en la recepción de un hotel en el Estado de México.
De acuerdo con las investigaciones, el ataque podría haber sido una venganza por negarse a pagar las cuotas impuestas por un grupo criminal. El asesino huyó sin ser identificado.
Los casos se acumulan. En 2016, Ambrosio Soto Duarte, alcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, fue emboscado y asesinado tras denunciar amenazas del crimen organizado.
Había contado que lo querían matar por impedir la venta de carne robada y la siembra de amapola, y por negarse a pagar extorsiones.
Su asesinato fue condenado por el Senado, pero hasta hoy no se conocen sentencias firmes contra los responsables.
DEFENDER LA TIERRA Y MORIR POR ELLA
La violencia también ha alcanzado a quienes defienden el territorio y el medio ambiente. En enero de 2020, Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y ambientalista de Morelos, fue asesinado a quemarropa frente a su casa.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el crimen y recordó que “quienes defienden el medio ambiente, están defendiendo a toda la humanidad”.
A pesar de los llamados internacionales, nadie ha sido procesado públicamente por su asesinato.
Algo similar ocurrió en 2019 con Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, líderes campesinos del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri-CNPA-MN), hallados muertos y con huellas de tortura en Chiapas.
Ambos habían denunciado abusos de autoridades locales y defendían el derecho al territorio y a la consulta de comunidades indígenas. El entonces alcalde de Amatán, Manuel de Jesús del Carpio Mayorga, fue detenido por su presunta participación en los crímenes, aunque enfrenta también otros procesos por corrupción.
¿MÉXICO PROTEGE A QUIENES CUIDAN LA TIERRA?
El asesinato de trabajadores del campo se repite año con año, con distintos nombres y en distintos estados, pero bajo un mismo patrón: impunidad, abandono institucional y dominio del crimen organizado sobre el territorio.
En comunidades rurales, los criminales controlan desde la siembra y el transporte hasta los precios y las rutas de exportación. Quien se resiste, según se registra en las fiscalías, desaparece o muere.
México sigue alimentándose de la tierra. Pero cada vez son menos los que se atreven a cultivarla.
