En México, la infancia sigue siendo blanco de abusos, explotación y violencia en múltiples formas.
Son historias que se repiten, con distintos rostros y escenarios, pero con un mismo fondo: una sociedad que, aparentemente, no ha logrado poner en el centro la integridad de la niñez.
A lo largo de los años, México ha sido escenario de casos que marcaron un antes y un después en la conversación pública sobre la protección infantil —desde ‘Los Demonios del Edén’ hasta el caso del Padre Maciel—, pero la indignación colectiva no ha bastado para detener el ciclo de impunidad.
Hoy, cuando la explotación, el abandono y los matrimonios infantiles persisten en comunidades rurales y urbanas, la frase “los niños no se tocan” dejaría de ser consigna para convertirse en un grito de emergencia nacional. Aquí, en Nación321 te contamos algunos casos.
DE LA COSTA DE SONORA A LA CAPITAL: NUEVAS ALARMAS
En días recientes, dos casos volvieron a encender las alertas sobre las violencias que enfrentan los menores en México.
El primero ocurrió en el norte del país, cuando la Secretaría de Marina interceptó una embarcación frente a las costas de Sinaloa.
A bordo viajaban 28 jóvenes, 27 de ellos menores de edad —entre 14 y 17 años— y uno de 18.
Las autoridades informaron que eran jornaleros agrícolas procedentes de Chiapas que regresaban a su estado luego de no poder comprobar la autorización de sus padres para trabajar.
Aunque el encargado de Protección Civil, Ángel Daniel Corrales López, aseguró que “no se trata de un rescate ni de un secuestro”, el episodio dejó al descubierto un fenómeno estructural: miles de menores migran cada año dentro del país, sin acompañamiento ni supervisión, muchas veces en condiciones de explotación o riesgo.
El segundo caso sucedió en pleno corazón de la Ciudad de México. Autoridades capitalinas rescataron a 80 menores de la Casa de las Mercedes, un albergue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, tras detectarse presuntos abusos sexuales y otras irregularidades.
La operación, encabezada por el Gobierno de la Ciudad y el DIF, derivó de la denuncia de una adolescente que relató haber sido violada luego de ser sedada.
“La víctima fue agredida sexualmente y posteriormente amenazada para no denunciar los hechos”, detalló la Fiscalía General de Justicia.
Durante el operativo fue detenido un hombre identificado como Aquiles ‘N’, mientras que la directora del centro, Ángela ‘N’, también es investigada por el traslado irregular de menores y presuntos trabajos forzados.
Los menores fueron trasladados a refugios del DIF donde reciben atención médica y psicológica. Sin embargo, el caso ha reavivado la preocupación sobre el funcionamiento de los albergues en México, muchos de ellos operados sin supervisión adecuada y con antecedentes de maltrato o abandono.
¿MÉXICO PROTEGE A SU INFANCIA?
La violencia y el abandono infantil son una herida abierta. De acuerdo con el estudio Abandono y negligencia contra la infancia y adolescencia en México (2010–2024), de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), un promedio de 761 niños son abandonados cada año, sobre todo en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.
El documento advierte que las niñas son las más afectadas, representando casi el 79% de los casos. Además, nueve de cada diez abandonos ocurren dentro de los hogares, lo que revela un círculo de violencia doméstica y negligencia que pocas veces llega a los tribunales.
Las secuelas son devastadoras: “malestar, depresión, ansiedad, estrés postraumático, embarazos, golpes, cicatrices, heridas y trastornos psiquiátricos”, señala la REDIM.
A esta realidad se suman prácticas que, aunque parezcan lejanas, persisten en zonas rurales e indígenas.
En mayo pasado se viralizó la boda entre dos niños de 13 y 14 años en Guerrero, celebrada bajo los usos y costumbres de la comunidad de San Pedro Cuitlapa. El hecho generó indignación, pero también expuso cómo los matrimonios infantiles y forzados siguen normalizados en muchas regiones del país.
“El matrimonio infantil vulnera derechos humanos y perpetúa la pobreza y la violencia de género”, advirtió el propio gobierno federal, aunque las políticas de prevención aún son insuficientes.
DE LOS ‘DEMONIOS’ A LOS SACERDOTES
Los casos recientes no son excepciones, sino ecos de un pasado que nunca se cerró.
En 2005, la periodista Lydia Cacho reveló una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, denunciado por explotar sexualmente a menores en Cancún.
Su libro Los Demonios del Edén destapó complicidades de empresarios y políticos, y aunque algunos fueron procesados, la mayoría de los implicados quedó impune.
Unos años antes, el Padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, había sido acusado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Durante décadas, la Iglesia católica lo protegió, pese a las denuncias de seminaristas que narraron cómo fueron violados desde la adolescencia. La Santa Sede reconoció los abusos hasta 2010, cuando Maciel ya había muerto.
También en los años recientes, escándalos como el de los llamados ‘Acapulco Kids’, una red de trata infantil que operaba en zonas turísticas, o el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de encabezar una red de explotación sexual dentro del PRI capitalino, han evidenciado la impunidad y la fragilidad de las instituciones para investigar delitos contra menores.
IMPUNIDAD E INDIGNACIÓN CONTRA EL ABUSO INFANTIL
A pesar de los avances legislativos, como la prohibición del matrimonio infantil y las reformas para endurecer penas por abuso sexual, México es señalado como un país peligroso para la niñez.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que más de 20 mil menores fueron víctimas de algún delito sexual entre 2015 y 2024, una cifra que solo refleja los casos denunciados.
Las agresiones ocurren en hogares, escuelas, iglesias, albergues o centros laborales; lugares que deberían ser espacios seguros.
Organizaciones civiles insisten en que el problema no es solo de leyes, sino de omisión institucional y cultural.
“Mientras no existan políticas reales de prevención, educación sexual y acompañamiento a víctimas, los abusos seguirán repitiéndose”, advierte Juan Martín Pérez, exdirector de la REDIM.
Cada historia es un recordatorio de que la infancia sigue siendo un territorio vulnerable. Detrás de las cifras hay niños que no tuvieron voz, adolescentes que fueron silenciadas y comunidades que aprendieron a normalizar el abuso.
