Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos elegirán a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Pero antes, el Congreso deberá cerrar el círculo legislativo con la aprobación de las leyes secundarias. Aquí en Nación321 compartimos el camino recorrido y los pasos que restan.
A poco más de un mes de la primera elección popular del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Congreso de la Unión se prepara para un periodo extraordinario. El objetivo: aprobar las leyes secundarias de la reforma judicial y las reformas en materia de desapariciones forzadas.
La prisa tiene una fecha límite: el 1 de septiembre, cuando los nuevos funcionarios judiciales asumirán sus cargos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó recientemente que solicitará al Congreso un periodo extraordinario, ya que el periodo ordinario –vigente hasta el 30 de abril– no será suficiente para discutir y votar toda la legislación pendiente.
“Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario”, dijo durante una conferencia matutina.
EL CAMINO LEGISLATIVO PARA CONSOLIDAR LA REFORMA JUDICIAL
La ruta comenzó en septiembre de 2024, cuando fue promulgada la reforma constitucional al PJF. El 15 de ese mes se formalizó el cambio legal que abrió la puerta a la elección ciudadana de más de 850 cargos, entre magistrados, jueces y ministros.
Un mes después, el Senado realizó una tómbola para definir qué puestos se someterían a votación. El resultado: 464 magistraturas y 386 juzgados federales entraron en la lista de candidaturas para el proceso electoral del 1 de junio de 2025.
En noviembre, Sheinbaum envió al Congreso tres iniciativas clave: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Para diciembre, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron estos dictámenes.
Y fue en enero de 2025 cuando el Diario Oficial de la Federación publicó dichas leyes secundarias. Dos de ellas –la Ley de Carrera Judicial y la de Responsabilidades Administrativas– entraron en vigor el 3 de enero. La intención: fortalecer la transparencia, el ingreso, la formación, evaluación y permanencia del personal judicial.
No obstante, este fue solo el primer paquete normativo. Quedaron pendientes otras disposiciones legales necesarias para concertar la operación del nuevo sistema judicial con los principios constitucionales aprobados.
UNA AGENDA LEGISLATIVA CARGADA Y APRETADA
Desde enero, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que el periodo ordinario que arrancó el 1 de febrero sería “histórico e intenso”. Se previó la discusión de al menos 60 leyes secundarias derivadas de las 14 reformas constitucionales avaladas entre septiembre y diciembre de 2024.
Entre esas leyes, las del Poder Judicial encabezaron la lista. La reforma plantea una transformación total del sistema, desde la elección popular de los jueces hasta el rediseño administrativo de todo el aparato de justicia.
También figura como prioridad la reforma al Infonavit, según lo anticipó Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con el cierre del periodo ordinario cada vez más cerca, muchos de estos temas podrían trasladarse al ya confirmado periodo extraordinario.
DESAPARICIONES FORZADAS ENTRAN A LA AGENDA DE REFORMAS
Desde principios de abril, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha sostenido reuniones con madres buscadoras y colectivos, con el fin de recoger sus propuestas e incluirlas en la legislación secundaria correspondiente.
A petición de la propia presidenta Sheinbaum, las discusiones en el Congreso sobre este tema fueron pausadas para garantizar un proceso más incluyente.
“Una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos”, explicó Sheinbaum. “Estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión” para poder incluirlas, añadió.
Fernández Noroña también señaló que existe disposición para abordar esta iniciativa en el periodo extraordinario, siempre y cuando los tiempos lo permitan.
CUENTA REGRESIVA PARA EL 1 DE JUNIO
El reloj avanza. Del 30 de marzo al 18 de mayo, los candidatos judiciales realizarán campañas en busca del voto ciudadano. El 1 de junio, más de 850 cargos serán definidos por el electorado. Ese día, México vivirá su primer ejercicio democrático para definir el rostro del Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya realizó un simulacro del proceso, estimando que cada votante tardará menos de 10 minutos en emitir sus sufragios. Se habilitó también el sitio “Conóceles”, donde la ciudadanía puede consultar los perfiles y propuestas de las candidaturas.
El nuevo Poder Judicial entrará en funciones el 1 de septiembre. Para entonces, el Congreso deberá haber completado el paquete legislativo que le dará soporte jurídico y funcional a una de las reformas más ambiciosas de la Cuarta Transformación.
