Por unanimidad, con 33 votos a favor, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron este martes 18 de noviembre las modificaciones al proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Los senadores hicieron cambios a la minuta de la colegisladora para, entre otros puntos, incrementar a 15 años la pena mínima de prisión por este delito y un máximo de 25 años.
La minuta proponía establecer en la ley una sanción mínima de seis años y una máxima de 15 años; no obstante, los órganos legislativos que encabezan Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez coincidieron en que esas penalidades beneficiarían a quienes actualmente cumplen penas por el delito de extorsión.
El documento precisa que las modificaciones a la minuta sólo se hicieron al primer artículo del decreto, es decir, a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en donde se incluye el mencionado incremento a las sanciones carcelarias.
Las comisiones también incluyeron en el texto de la norma que las autoridades encargadas de aplicarla deberán actuar con pleno respeto a los derechos humanos, disposición que no se encontraba en la minuta de la colegisladora.
Precisaron que las fiscalías del ámbito federal y local contarán con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, para investigar las conductas relativas a ese delito; una disposición transitoria estipula que las unidades contra el secuestro de las fiscalías se encargarán de esos asuntos en tanto se crean las respectivas al combate a la extorsión.
Además, se aclararon los incrementos adicionales a las penas para determinados casos y personas que incurran en extorsión: a servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten los medios o permitan las condiciones para la comisión de esos delitos se les aplicará la pena de quince a veinticinco años de prisión mencionada, más tres a cinco años adicionales.
De esta manera, el dictamen plantea que se aplicará pena de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos con atribuciones de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.
Además, impone una pena de seis a 12 años de prisión a quienes introduzcan sin autorización en centros de readaptación, penitenciarías o centros de internamiento para menores, algún dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga.
Otra adición de las comisiones unidas, precisa que los recursos económicos obtenidos de los procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas del ilícito.
