Con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley de Aguas, que contempla más de 50 modificaciones.
Entre otras cosas, la modificación contempla castigos de hasta ocho años de cárcel para quien atente contra las aguas nacionales.
La iniciativa, envidada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar el derecho constitucional al agua, pero también obliga a las instituciones del estado cuidar de este recurso con sanciones para quien viole las disposiciones en materia.
LA LEY DE AGUAS
La llamada Ley de Aguas Nacionales es, en sí, una reglamentación derivada del Artículo 27 de la Constitución. Su misión es regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua en México, así como su distribución y control, para preservar su cantidad y calidad en favor de los ciudadanos y el desarrollo sustentable.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, su proyecto de Ley General de Aguas busca reordenar las concesiones otorgadas a particulares en el pasado, un punto al que se oponen desde organizaciones agrícolas.
En este contexto, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales explicó recientemente que la iniciativa tiene como objetivo que el líquido “deje de verse como mercancía”.
De esta manera, el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua; evitando que se transmitan títulos de concesión entre particulares, pero respetando algunas excepciones, como las herencias.
La reforma de ley también incluye la creación de un registro público de concesiones, para garantizar la total transparencia y la eliminación del acaparamiento del agua.
Además se contempla el fortalecimiento de sanciones contra el 'huachicoleo’ de agua y un fondo de reserva de aguas nacionales, para garantizar el suministro a comunidades rurales e indígenas.
