En los últimos días se ha vuelto tema de discusión la propuesta de reforma a la Ley Nacional de Aguas, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y actualmente discutida en la Cámara de Diputados.
Hasta ahora la controversia se ha centrado en que, mientras los afines al actual gobierno federal señalan que propuesta supone un alto a la explotación ilegal de este recurso, otros consideran que el estado busca acaparar el control sobre el agua para su uso discrecional, lo que incluso ha molestado a agricultores de todo el país.
Pero, ¿qué es la Ley de Aguas? En Nación321 te lo contamos.
EL AGUA, UN DERECHO
Para empezar debes saber que en México, a nivel nacional, la legislación sobre el agua se encuentra en la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que ha sido reformada con el paso de los años.
En la Constitución Mexicana se reconoce, en el artículo 4, el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre y asequible para consumo personal y doméstico.
Asimismo el artículo 27 establece que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para regular su aprovechamiento sostenible. De este articulo deriva la Ley de Aguas Nacionales.
Finalmente, el artículo 115 asigna a los municipios la responsabilidad de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
LA LEY DE AGUAS
La llamada Ley de Aguas Nacionales es, en sí, una reglamentación derivada del Artículo 27 de la Constitución. Su misión es regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua en México, así como su distribución y control, para preservar su cantidad y calidad en favor de los ciudadanos y el desarrollo sustentable.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, su proyecto de Ley General de Aguas busca reordenar las concesiones otorgadas a particulares en el pasado, un punto al que se oponen desde organizaciones agrícolas.
En este contexto, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales explicó recientemente que la iniciativa tiene como objetivo que el líquido “deje de verse como mercancía”.
De esta manera, el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua; evitando que se transmitan títulos de concesión entre particulares, pero respetando algunas excepciones, como las herencias.
La reforma de ley también incluye la creación de un registro público de concesiones, para garantizar la total transparencia y la eliminación del acaparamiento del agua.
Además se contempla el fortalecimiento de sanciones contra el 'huachicoleo’ de agua y un fondo de reserva de aguas nacionales, para garantizar el suministro a comunidades rurales e indígenas.
