En un operativo de seguridad fue desmantelado un sistema digital de ‘halconeo" de la célula criminal del Cártel de La Línea, que opera en el sur del estado de Chihuahua, tras retirar 86 cámaras de seguridad ilegales.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en conjunto con la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, desconectó a ‘La Línea’ que operaba las cámaras en postes de telefonía, alumbrado o propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
Los aparatos de videograbación se encontraban instalados en espacios públicos de los municipios de Jiménez e Hidalgo del Parral, al sur de la capital del Estado.
Según las autoridades, con las investigaciones preliminares, se determinó que esas cámaras eran controladas por el grupo delictivo ‘La Línea’.
La Base de Operación Interistitucional (BOI) integrada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ejército Mexicano y Seguridad Pública Municipal, retiraron 20 cámaras de vigilancia instaladas sin autorización en infraestructuras públicas del municipio de Jiménez.
En otra intervención, la BOI desconectaron 53 dispositivos por operar de manera irregular al estar colocadas en postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, Telmex y alumbrado público sin la debida autorización. De igual manera, pero en el municipio de Hidalgo del Parral retiraron 33 dispositivos de videograbación.
La detección de esos aparatos ilegales fue gracias a labores de inteligencia que las ubicaron instaladas en postes y bardas en puntos estratégicos de ambos municipios.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, reveló que el objetivo principal de estos operativos es evitar que el crimen organizado utilice tecnología para monitorear los movimientos de las corporaciones policiacas y las actividades de la ciudadanía.
Las cámaras, en su totalidad de tipo casero, funcionaban a través de conexiones a internet, generalmente proporcionadas por módems de domicilios o negocios cercanos.
Las autoridades reportaron que los integrantes del grupo delictivo ofrecían dinero a cambio de acceso a las contraseñas de internet, lo que les permitía operar las cámaras sin necesidad de instalaciones complicadas.
El desmantelamiento de esta red se realizó en varias fases: El 26 de marzo, en Parral, se aseguraron 33 equipos de videovigilancia. El 8 de abril, en dos intervenciones distintas, las autoridades retiraron otros 53 equipos en total.
