El 1 de noviembre, mientras el centro de Uruapan se iluminaba con miles de velas, los disparos apagaron una vida.
El alcalde Carlos Manzo, que había hecho de su voz una consigna contra los cárteles, fue asesinado frente a su pueblo durante el Festival de las Velas.
Días antes, había vuelto a pedir apoyo del Estado y la Federación. “No puede haber abrazos para los delincuentes —decía—; para los delincuentes debe haber chingadazos cuando atentan contra gente inocente”.
Su muerte se interpretó como símbolo de lo que Michoacán ha padecido durante años: un territorio donde la política, la economía y la vida cotidiana están marcadas por la presencia de grupos criminales que gobiernan con miedo.
Michoacán no es sólo un mapa de municipios, sino un tablero de conflictos. En él operan al menos doce organizaciones del crimen organizado, de acuerdo con autoridades estatales. Cada una disputa rutas, cosechas y territorios; cada una impone su ley.
La Tierra Caliente —esa franja que va de Apatzingán a Tepalcatepec— es el corazón del conflicto: su ubicación estratégica, su riqueza agrícola y sus rutas hacia el Pacífico la han convertido en una joya maldita. Desde ahí se distribuyen drogas, se extorsiona a productores de aguacate y limón, se talan bosques y se extrae mineral.
EL DOMINIO FRAGMENTADO: LOS SEÑORES DEL MIEDO
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es hoy la organización más expansiva. Ha convertido Michoacán en su laboratorio de guerra: drones cargados con explosivos, caravanas de camionetas blindadas y ataques a pueblos enteros forman parte de su táctica para dominar la región.
En mayo pasado, un operativo en Huitzontla dejó doce presuntos integrantes abatidos y nueve detenidos; en Tepalcatepec, otros cinco fueron capturados con 400 kilos de metanfetamina.
Frente a ellos se levantan alianzas locales, como los Cárteles Unidos, que agrupan células de Los Viagras y La Nueva Familia Michoacana (LNFM).
Estos grupos se presentan como defensores del territorio, pero su método es el mismo: extorsión, control y violencia.
Los Viagras, fundados en Buenavista Tomatlán, se volvieron especialistas en cobrar cuotas a productores agrícolas y en imponer ‘narcoantenas’, redes ilegales de internet por las que obligan a comunidades enteras a pagar bajo amenaza.
En 2024 se les vinculó con el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo; un año después, la Fiscalía ofreció una recompensa de 100 mil pesos por su presunto líder, ‘El Botox’.
La Nueva Familia Michoacana, escindida de La Familia original, extendió sus operaciones hacia el sur del estado. Sus líderes, los hermanos Hurtado Olascoaga, son buscados por Estados Unidos por conspirar para fabricar y traficar drogas sintéticas.
Este grupo ha tejido una red que va de la producción de metanfetaminas al cobro de piso en zonas rurales.
Y detrás de todos ellos aún resuenan los nombres que forjaron la historia oscura del estado: La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, grupos que mezclaron un discurso pseudo-religioso con prácticas de terror.
Aunque hoy están fragmentados, sus remanentes continúan operando en regiones serranas y en comunidades donde la autoridad estatal sólo aparece en los discursos.
TIERRA CALIENTE: LA JOYA QUE TODOS QUIEREN
Ahí donde el calor derrite las carreteras y los árboles de aguacate crecen como una promesa verde, los cárteles imponen su ley.
De acuerdo con las personas de la zona, en la Tierra Caliente nadie se mueve sin permiso: ni los campesinos que cosechan, ni los transportistas, ni los comerciantes.
Cada kilo de fruta, cada litro de gasolina, cada carga de madera tiene un precio fijado por los criminales.
Apenas hace unos días, el 1 de noviembre, un Buenavista, un productor limonero fue asesinado tras negarse a pagar extorsión; su muerte paralizó la cosecha entera. En otras comunidades, los desplazamientos forzados se cuentan por centenas: mujeres, niños y ancianos que huyen de balaceras y bloqueos carreteros.
UN ESTADO EN DISPUTA POR LOS CRIMINALES
El gobierno federal ha desplegado miles de elementos de la Guardia Nacional, pero el control territorial sigue siendo parcial. Las carreteras que unen a Apatzingán, Aguililla y Tepalcatepec son también las rutas del miedo: bloqueos, retenes ilegales y enfrentamientos son parte del paisaje cotidiano.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde de Uruapan y exigió justicia, pero reconoció que el agresor aún no ha sido identificado. “No hay todavía una persona identificada”, dijo. “Todos condenamos el homicidio y lo primero que tiene que haber es justicia”.
La mandataria añadió que no cree que las ejecuciones extrajudiciales resuelvan el problema de violencia en Michoacán, en contraste con la postura más dura que expresaba Carlos Manzo, quien solía decir: “no puede haber abrazos para los delincuentes... para los delincuentes debe de haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente”.
EL RECUERDO DE CARLOS MANZO
Carlos Manzo había denunciado amenazas del crimen organizado y aun así seguía recorriendo colonias, hablando con vecinos, repitiendo su mantra: que Uruapan debía volver a ser un lugar de trabajo, no de miedo.
Su muerte no sólo expuso la fragilidad del poder municipal en Michoacán, sino también la fuerza con la que el crimen organizado dicta las reglas.
En los últimos años, los alcaldes michoacanos han sido víctimas recurrentes de amenazas, secuestros y asesinatos; muchos terminan pactando por sobrevivir, otros —como Manzo— decidieron resistir.
Michoacán sigue siendo un territorio de fuego cruzado, donde cada intento de recuperar la paz se enfrenta a los mismos fantasmas que desde hace décadas han aprendido a matar con impunidad.
