El Congreso de Guanajuato volvió a cerrar la puerta a la despenalización del aborto, en una sesión dominada por tensiones dentro y fuera del Pleno.
La propuesta, discutida por quinta vez en siete años, fue rechazada con 19 votos en contra y 17 a favor, resultado que mantiene vigente la penalización del aborto inducido en la entidad, pese a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde 2021 declaró inconstitucional criminalizarlo.
Las intervenciones legislativas se desarrollaron mientras grupos conservadores en las galerías coreaban “Guanajuato es provida”, obligando a la Mesa Directiva a pedir orden de manera reiterada.
Las bancadas del PAN (con 16 votos), PRI, PRD y una parte del Partido Verde cerraron filas para impedir la reforma, mientras que Morena, PT, Movimiento Ciudadano y dos legisladores del PRI, junto con Sergio Contreras del Verde, integraron el bloque que votó a favor de modificar el Código Penal. Aun con un respaldo mayor al de legislaturas previas, el grupo progresista no logró alcanzar la mayoría necesaria.
La discusión retomó el argumento central de las iniciativas: la autonomía reproductiva como un derecho humano que obliga a los gobiernos a respetar, proteger y cumplir garantías vinculadas con la salud sexual y reproductiva, conforme a estándares internacionales como los del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Desde esa perspectiva, la iniciativa planteaba que mantener el aborto como delito perpetúa el estigma, desalienta la atención médica y no evita que el procedimiento exista, sino que lo empuja a la clandestinidad.
En ese sentido, la diputada Sandra Alicia Pedroza recordó el criterio de la SCJN respecto a la inconstitucionalidad del marco penal vigente y cuestionó que el Congreso se mantenga sin realizar las reformas necesarias:
“Acaso no debería ser suficiente que ya la Suprema Corte de Justicia nos haya dicho que nuestro código penal es violatorio de derechos para que lo reformemos, ¿no sería eso lo más responsable de nuestra parte como legisladores? Busco justicia y busco dignidad, que se nos deje de criminalizar y perseguir, busco que se nos deje de perseguir, disminuir la mortalidad materna”, dijo.
En contraste, la diputada Karol Jared González sostuvo que su posición responde a la defensa de la vida desde la concepción y argumentó que la legislación actual no busca sancionar a las mujeres, sino evitar abusos y posibles redes de explotación.
“No se trata de restringir libertades, sino de mantener las herramientas legales que permitan proteger a las mujeres de quienes las explotan o abusan de ellas y de quienes podrían lucrar con la vida de un ser que está por nacer. No se trata de un castigo, sino de asegurar que las autoridades puedan investigar y actuar contra esas redes”, afirmó.
Pese a que la SCJN estableció desde 2021 que criminalizar el aborto viola los derechos de libertad reproductiva, igualdad y acceso a la salud —criterio de aplicación obligatoria para todo el país—, Guanajuato decidió no armonizar su legislación.
Así, la entidad permanece entre los pocos estados donde la interrupción del embarazo continúa contemplada como delito, con sanciones que van de seis meses a tres años de prisión, salvo en casos de violación o cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer.
