Gobierno

FGR se lanza contra jueza por no vincular a proceso a responsable de la compra de Pegasus

El gobierno tendrán que revelar daos sobre contratación del software
Pegasus.En 2014 se adquirió este sofware de espionaje por parte de las autoridades de la extinta Procuraduría General de la República (PGR)
(Nación321/Shutterstock)

La Fiscalía General de la República (FGR) se lanzó en contra de la jueza federal de control, Alejandra Domínguez Santos, luego de que se negó a vincular a proceso a Judith ‘G’, la probable responsable de la adquisición ilegal de equipos de espionaje (Pegasus), realizada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en el año de 2014.

De acuerdo con la FGR, aunque se contaba con pruebas, la vinculación a proceso no procedió, por lo que ya inició el recurso de apelación correspondiente y también, dijo, iniciará de inmediato, a la jueza Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia.

“Después de dos años y medio de retraso ilegal, dicha jueza concedió la audiencia para determinar la no vinculación de la persona señalada“, acusó.


La FGR también apuntó que estos son los delitos que se le han imputado a la ahora no vinculada a proceso:

Uso indebido de atribuciones y facultades, al incumplir la obligación de supervisar dicha contratación ilegal, según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces PGR.

Peculado, al participar en el desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras.


Fraude equiparado, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que claramente dañó gravemente el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor.

Asociación delictuosa, al participar en los delitos anteriormente señalados, en conjunto con otros servidores públicos de la Institución.

• En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público.

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