En agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su gobierno impulsará una Reforma Electoral, con la intención de concretar un proyecto que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, no logró ejecutar.
La propuesta forma parte del decálogo de compromisos de la mandataria, siendo el número 10 de su lista de 100 promesas de gobierno, y se centra en transformar aspectos fundamentales del sistema político mexicano.
El objetivo es reducir el gasto en los procesos electorales, modificar la forma en que se financian los partidos, eliminar elementos que se consideran poco representativos, como las listas plurinominales, y fortalecer la participación ciudadana.
Según Sheinbaum, esta reforma será construida desde la ciudadanía, mediante un proceso de consulta abierto, que combinará encuestas nacionales y foros públicos en todo el país.
LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que la presidenta ha cuestionado por ser excesivo.
Por ejemplo, las recientes elecciones del Poder Judicial costaron 8 mil millones de pesos, un gasto que ha sido señalado como insostenible. Otro punto clave es la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, un tema que ha generado gran inconformidad ciudadana según encuestas previas.
Además, la reforma plantea modificar el sistema de representación proporcional, eliminando las listas plurinominales, con el argumento de que no garantizan una verdadera representatividad de la ciudadanía.
Para compensar esto, se incluirán mecanismos que fortalezcan la participación de la población, asegurando que la voz de los ciudadanos tenga un papel más relevante en la política nacional.
LA COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA ELECTORAL
Para diseñar y coordinar la iniciativa, Sheinbaum nombró a Pablo Gómez Álvarez como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Gómez, quien dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuenta con décadas de experiencia en la política mexicana y ha participado en reformas similares en el pasado.
La comisión está integrada además por siete funcionarios de la Presidencia y el gabinete, entre ellos: Rosa Icela Rodríguez (Segob), José Peña Merino (Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones), Ernestina Godoy Ramos (Consejería Jurídica), Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar.
Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la comisión tiene el mandato de convocar al país a expresar sus opiniones sobre la reforma electoral, realizar estudios, organizar debates públicos y elaborar propuestas que sirvan de base para la iniciativa que se presentará al Congreso.
CONSULTA CIUDADANA Y FOROS PÚBLICOS
El proceso arrancó con una encuesta nacional, que servirá como punto de partida para la organización de foros y audiencias públicas.
Estos encuentros, que se realizan de septiembre a diciembre de 2025, buscan que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones, presentar propuestas y discutir los temas que consideran prioritarios para la reforma.
El titular de la comisión, Pablo Gómez, ha subrayado que todo lo que se genere en los foros estará abierto para consulta, de manera que cualquier ciudadano pueda revisarlo y aportar comentarios adicionales. A finales de enero de 2026, la comisión entregará sus conclusiones a la presidenta, que serán la base para enviar la iniciativa al Congreso de la Unión.
Para participar, los interesados pueden registrarse en el micrositio www.reformaelectoral.gob.mx, donde además se pueden consultar los calendarios, encuestas y la información sobre el sistema electoral vigente.
TEMAS DE CONSULTA
Los foros se organizarán alrededor de diez ejes fundamentales: libertades políticas, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización de campañas, justicia electoral, representación política, voto de mexicanos en el extranjero, democracia participativa, consultas populares, revocación de mandato, así como los requisitos de elegibilidad e inmunidad de las personas electas.
Estos temas buscan atender las principales preocupaciones de los ciudadanos y garantizar que la reforma no solo cambie reglas técnicas, sino que también fortalezca la legitimidad del sistema político.
¿CÓMO SE APRUEBA UNA REFORMA EN MÉXICO?
Una vez que la iniciativa llegue al Congreso, deberá superar un proceso legal complejo.
En México, para reformar la Constitución se necesita la aprobación de dos tercios de los legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Además, dependiendo de los artículos a reformar, al menos 17 congresos estatales deben ratificar la modificación. Finalmente, la reforma se promulga mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, momento en que se convierte en ley.
Con la mayoría legislativa que Morena mantiene en ambas cámaras, se prevé que la iniciativa podría aprobarse sin necesidad de alianzas con otros partidos.
REACCIONES POLÍTICAS
La propuesta ha generado opiniones divididas:
- La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que el organismo no participará directamente en la Comisión, pero que sus consejeros pueden intervenir en los foros como ciudadanos.
- El PAN dijo estar abierto al diálogo, aunque acusó que la reforma busca distraer a la ciudadanía de problemas como la violencia y la inseguridad.
- Por su parte, el PRI rechazó participar en la Comisión y alertó que la iniciativa podría debilitar al partido y al sistema democrático.
UN CALENDARIO DE CONSULTAS AMPLIO
Los foros presenciales se desarrollarán en distintas entidades, con responsables designados por la Comisión.
Por ejemplo, Rosa Icela Rodríguez coordinará Puebla, Sonora y Monterrey; Arturo Zaldívar se encargará de Cancún y Mérida; José Peña Merino de Querétaro y Hidalgo; Ernestina Godoy Ramos de Morelos y Campeche; Lázaro Cárdenas Batel de Michoacán y Guerrero; y Jesús Ramírez Cuevas de Tamaulipas y Coahuila.
Este despliegue territorial busca garantizar que la consulta sea representativa de todo el país y que los distintos puntos de vista sean considerados antes de la presentación de la iniciativa.
UN PROCESO EN CONSTRUCCIÓN
La combinación de encuestas, foros abiertos y análisis técnicos pretende asegurar que la iniciativa final refleje la voz de la ciudadanía y que tenga viabilidad legislativa.
El proceso podría ser, hasta ahora, uno de los más amplios y participativos en la historia reciente de México en materia electoral, y su resultado podría marcar cambios significativos en el la historia del país.
