Las carreteras de al menos diez estados del país volvieron a llenarse de tractores, camionetas y pancartas.
Miles de agricultores de Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Baja California salieron esta semana a exigir lo que consideran justo: precios de garantía más altos para sus granos y una respuesta urgente del gobierno federal ante el incremento de los costos de producción.
Con bloqueos en casetas, cierres de autopistas y movilizaciones en Palacio Nacional, los campesinos denunciaron que producir en México se ha vuelto insostenible.
El costo de los insumos agrícolas ha subido casi 50 % en los últimos cinco años, mientras los precios del maíz —el grano emblemático de la dieta nacional— se desplomaron hasta 50 % desde sus máximos de 2022, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Desde los subsidios por hectárea del PROCAMPO en los noventa, hasta los programas de bienestar agroalimentario de la Cuarta Transformación (4T), en Nación321 te contamos de ellos.
DE PROCAMPO AL DISCURSO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) nació en 1993, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como una compensación ante la entrada en vigor del TLCAN.
Su lógica era sencilla: pagar por hectárea cultivada para que los productores resistieran la competencia con los agricultores de Estados Unidos y Canadá, cuyas economías contaban con fuertes subsidios.
Sin embargo, con los años el modelo mostró su lado más desigual. Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, PROCAMPO siguió siendo el eje de la política agropecuaria, pero los apoyos se concentraron en los grandes productores. Quienes tenían más tierra recibían más dinero; los pequeños, apenas un alivio temporal.
En 2014, Enrique Peña Nieto intentó darle un nuevo rostro: PROAGRO Productivo, un programa que prometía pasar de subsidios asistenciales a incentivos para la productividad. En la práctica, fue un cambio de nombre más que de fondo.
Los mismos beneficiarios, los mismos criterios y las mismas desigualdades persistieron. Los apoyos se entregaban por superficie registrada, no por necesidad ni rendimiento, y los pequeños productores siguieron rezagados frente a los grandes exportadores.
LA 4T: APOYOS DIRECTOS, JUSTICIA SOCIAL Y NUEVAS CRÍTICAS
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la política agrícola se reformuló desde un nuevo discurso: el de la justicia social y la autosuficiencia alimentaria.
Los programas Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida sustituyeron los viejos esquemas de subsidios por hectárea, buscando entregar apoyos directos a los pequeños productores, sin intermediarios.
El programa Producción para el Bienestar (PpB), lanzado en 2019, sustituyó definitivamente a PROCAMPO y PROAGRO Productivo.
Su objetivo: que los campesinos de subsistencia —los que siembran maíz, frijol, trigo o café— reciban transferencias directas para mantener su producción. Hasta 2025, más de dos millones de productores reciben anualmente entre 2,000 y 2,800 pesos por hectárea.
El esquema fue presentado como un giro histórico: por primera vez, el dinero llegaba sin intermediarios y con enfoque de equidad. Sin embargo, especialistas advirtieron que el monto se ha vuelto insuficiente ante la inflación de los insumos, y que el acompañamiento técnico prometido se ha aplicado de manera desigual.
El programa de Fertilizantes para el Bienestar, inicialmente enfocado en Guerrero, también se expandió hasta alcanzar a más de dos millones de productores en 2024, aunque con dificultades logísticas y denuncias de entrega irregular en algunos estados.
SEMBRANDO VIDA: EL EMBLEMA Y LA CONTROVERSIA
En paralelo, la 4T impulsó Sembrando Vida, el programa más ambicioso y aparentemente polémico de la era lopezobradorista. Concebido para combinar reforestación, autosuficiencia alimentaria y creación de empleo rural, otorga apoyos mensuales (6,250 pesos en 2024) a campesinos que desarrollan proyectos agroforestales en 2.5 hectáreas de terreno.
El gobierno presume cifras históricas: más de un millón de hectáreas establecidas y más de mil millones de plantas sembradas para mediados de 2025.
Sin embargo, los números han sido cuestionados por auditorías y organizaciones civiles que señalan inconsistencias, irregularidades financieras y efectos ambientales no siempre positivos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 900 millones de pesos en posibles daños al erario por deficiencias operativas.
En 2023, legisladores de oposición denunciaron desvíos de hasta 2 mil 742 millones de pesos. A ello se suman críticas por presuntos casos de clientelismo, cobros indebidos para mantener a beneficiarios en el padrón y proyectos inconclusos en zonas de alta violencia.
Incluso algunos ambientalistas han alertado que en regiones de Chiapas, Tabasco y Campeche se talaron selvas naturales para instalar plantaciones comerciales, lo que contradice el propósito original del programa.
Pese a las críticas, Claudia Sheinbaum ha anunciado su continuidad, calificándolo como “el programa ambiental y social más grande del planeta”.
Bajo su gobierno, se plantea integrarlo a una nueva estrategia llamada Cosechando Soberanía, que busca coordinar apoyos, créditos y tecnificación sostenible.
‘COSECHANDO SOBERANÍA’: LA APUESTA DE SHEINBAUM
El nuevo programa presentado en 2025 busca consolidar la política rural de la 4T en un solo marco. ‘Cosechando Soberanía’ integra apoyo a insumos, crédito, comercialización y tecnificación sustentable, con la meta de fortalecer la producción nacional y enfrentar los efectos del cambio climático.
La presidenta Sheinbaum ha insistido en que el Estado debe recuperar su papel rector en el campo. “No se trata solo de producir más, sino de producir con justicia”, ha dicho. No obstante, los productores en las carreteras tienen una lectura distinta: los costos suben, los precios bajan y el margen de supervivencia se estrecha.
ENTRE EL DISCURSO Y LA TIERRA
Las movilizaciones recientes reflejan que, más allá de los nombres y discursos, la brecha entre política pública y realidad campesina sigue abierta.
Los agricultores piden precios de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, pero el gobierno ofrece 6 mil 050 pesos. Las mesas de diálogo siguen, pero la paciencia se agota. Muchos campesinos aseguran que “el campo no aguanta otra promesa”.
A más de tres décadas del PROCAMPO, el modelo agrícola mexicano ha pasado del subsidio al bienestar, de la productividad al discurso de soberanía. Sin embargo, las protestas demuestran que el problema de fondo persiste: un campo que produce alimentos para todos, pero donde quienes siembran siguen siendo los más pobres.
