La noche del martes 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con el Gabinete de Seguridad, informó que se identificaron 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Por su alto riesgo financiero, dijo la dependencia federal, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
Como resultado, añadió, “se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en ocho entidades: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones irregulares detectados en el análisis financiero".
Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno buscará regular estos lugares físicos y los sitios digitales para evitar que sean sitios donde se efectúen ilícitos.
“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales”, dijo en conferencia de prensa de este miércoles 12 de noviembre.
Reconoció que se tienen que regular los casinos digitales, pues cuando se hizo la ley, no existían este tipo de apuestas, por lo que se debe atender el vacío legal que facilita a los sitios realizar esquemas financieros ilícitos.
LEY Y REGULACIONES
El 17 de septiembre de 2004, el entonces presidente Vicente Fox Quezada publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos con la intención de regular casinos y casas de apuesta, así como sorteos.
Dicho marco legal estableció la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos medien apuestas, así como del sorteo en todas sus modalidades, con excepción de los sorteos que celebra la Lotería Nacional.
En el documento se indicó que las actividades materia del Reglamento son de competencia del ámbito federal, previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Indicó que solo corresponde a la Secretaría de Gobernación la interpretación administrativa y la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Finalmente indicaba que las actividades relativas a juegos con apuestas y sorteos que no estén expresamente contempladas en la Ley y el reglamento, están prohibidos. Estas son sus funciones:
- Otorgar, revocar y modificar permisos para la realización de juegos con apuestas y sorteos.
- Inspeccionar y vigilar que las actividades de los permisionarios se realicen conforme a la ley y su reglamento.
- Designar inspectores para presenciar y dar fe de la legalidad de los sorteos.
- Imponer sanciones por incumplimiento a la normativa aplicable.
CASINO ROYALE, LOS CAMBIOS Y EL RETO
El 25 de agosto del 2011, se reportó un ataque terrorista en Monterrey, Nuevo León, cuando un comando armado roció gasolina al interior del Casino Royale, provocando un incendio que dejó un saldo de 52 personas muertas.
A raíz del atentado, y según peritajes de la entonces Procuraduría General de la República, se supo que las instalaciones del casino no contaban con todas las medidas de seguridad necesarias para enfrentar casos de incendio, y que la empresa operaba de forma irregular, ya que sus permisos no cumplían con las normas administrativas en materia de juegos y sorteos.
Luego de la tragedia que enlutó al país, y ante la presión de la población, el Congreso de Nuevo León creó, en octubre de 2011, una “Comisión de la Verdad” para, supuestamente, castigar a quienes habían autorizado la operación del casino.
Entre otros, los resultados del trabajo de dicha comisión fueron la presentación de iniciativas y un marco legal fresco para los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de evitar que se volvieran a presentar casos similares en el país por negligencia de las autoridades.
Por lo anterior se reformaron el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y la Ley de Protección Civil para el estado de Nuevo León, por lo que en estos reglamentos se agudizaron la revisiones de operación.
La intención fue, por una parte, regular con mayor rigor los centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y casinos; así como para establecer un mejor control sobre los permisionarios y operadores de los mismos.
Aunque en ese entonces ninguna de los reforzamientos a los protocolos y reglamentos contempló los casinos digitales, pues en ese entonces no existían, al menos no como ahora los conocemos.
Ya en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el 12 de mayo de 2023, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que durante la administración de Vicente Fox Quesada se entregaron 340 permisos, de ellos, 153 fueron autorizados por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, “este es el mayor número de casinos otorgados durante las últimas administraciones o incluso en la historia del país”, apuntó.
Adán Augusto López Hernández agregó que en el gobierno de Felipe Calderón se autorizaron 154 permisos para casinos y en el de Enrique Peña Nieto, 123.
En la conferencia matutina, el entonces encargado de la política interna del país abundó que se realizaban entre 15 y 20 inspecciones a estos establecimientos cada mes, con el propósito de vigilar su operación tanto en términos de seguridad como de transacciones.
Ahora, el reto para la administración de la presidenta Sheinbaum está puesto en la regulación de las versiones digitales de los casinos, así como de las casas de apuestas por internet, ambas con un ‘boom’ entre los usuarios, además de una revisión minuciosa de la operación legal de establecimientos para evitar delitos como lavado de dinero.
Con información de la Secretaría de Gobernación, Cámara de Diputados, SCJN y la CNDH
