Un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur sentenció a los exfuncionarios Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán a cubrir 62 millones 877 mil 192 pesos como reparación del daño al erario, al confirmarse su responsabilidad penal en uno de los convenios que forman parte del caso conocido como la Estafa Maestra.
Ambos fueron declarados culpables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) demostrara que participaron en la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) que generó un quebranto millonario a la hacienda pública.
De acuerdo con la FGR, el juez determinó imponerles pena de prisión —cuyo monto no fue precisado— pero también accedió a otorgarles sustitutivos de cárcel, al tratarse de una sanción menor a cuatro años. Dichos beneficios, sin embargo, solo podrán hacerse efectivos si los sentenciados garantizan el pago total del daño económico.
“El Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas, a quienes se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”, señaló la Fiscalía.
La FGR expuso que el convenio de coordinación UCD/33901/010/2015 fue suscrito el 5 de marzo de 2015, durante la gestión de Rosario Robles. El contrato establecía que la UIEM realizaría los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en las 32 entidades del país, por un monto de 124 millones 100 mil pesos. Sin embargo, la auditoría posterior reveló múltiples irregularidades.
De entrada, la Universidad subcontrató el 100% de los servicios pese a que el reglamento aplicable solo permite delegar hasta 49% del monto. Además, únicamente se comprobó el ejercicio de 61 millones 222 mil 808 pesos, mientras que los comprobantes presentados por 62 millones 877 mil 192 pesos resultaron falsos.
Según la acusación, el convenio fue firmado sin un estudio de mercado que asegurara mejores condiciones para el Estado en términos de “precio, calidad, oportunidad y otras circunstancias”, lo que derivó en un detrimento económico por el monto señalado.
La Fiscalía reiteró que: “este caso se refiere a la responsabilidad penal de Ricardo ‘M’ y José ‘M’, quienes, en sus funciones como servidor público y como autoridad de una universidad en el Estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Sedesol, a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada”.
El fallo no es definitivo, pues los sentenciados pueden presentar un recurso ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México. Desde junio de 2022, Mejía permanece en prisión domiciliaria, mientras que Monroy enfrentó el proceso en libertad.
En la misma causa penal también se encuentra imputado Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones de Sedesol, quien sigue su proceso en libertad provisional.
