Un juez federal de New Hampshire emitió un fallo el jueves que prohíbe que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que pone fin a la ciudadanía por nacimiento, entre en vigor en cualquier parte de Estados Unidos.
El juez Joseph LaPlante emitió una orden judicial preliminar que bloquea la orden de Trump y certificó una demanda colectiva que incluye a todos los menores afectados. La orden, dictada tras una audiencia de una hora, incluyó una suspensión de siete días para permitir la apelación.
La decisión del juez acelera el proceso de regreso a la Corte Suprema. Se podría solicitar a los jueces que determinen si la orden cumple con su decisión del mes pasado, que limitó la autoridad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. La Corte Suprema declaró que los jueces de distrito generalmente no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional o universal. Sin embargo, no descartó que los jueces pudieran lograr prácticamente lo mismo mediante una vía legal diferente: una demanda colectiva.
La clase aprobada en New Hampshire es ligeramente más reducida que la solicitada por los demandantes, que querían incluir a los padres, pero los abogados dijeron que eso no haría una diferencia material.
“Esto protegerá a todos los niños del país de esta orden ejecutiva ilegal, inconstitucional y cruel”, declaró Cody Wofsy, abogado de los demandantes.
La demanda se presentó en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. Se encuentra entre los numerosos casos que impugnan la orden de Trump de enero que niega la ciudadanía a los nacidos de padres que residen en Estados Unidos de forma ilegal o temporal. Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades.
La cuestión es la 14.ª Enmienda de la Constitución, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos”.
El gobierno de Trump afirma que la frase “sujeto a su jurisdicción” significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que residen en el país de forma ilegal, poniendo fin a lo que se ha considerado parte intrínseca de la legislación estadounidense durante más de un siglo.
