El pasado viernes 25 de julio, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos designó como ente terrorista al Cártel de los Soles y afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es su líder.
A raíz de esta designación, hizo pública la recompensa de hasta 25 millones de dólares a quien brinde información que lleve a detener al mandatario venezolano, lo que lo convierte en un hombre buscado por la justicia de ese país.
El presidente es señalado por diferentes ilícitos: “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas”.
En este marco vale la pena hacer un bosquejo por otros presidentes y expresidentes del mundo que han sido buscados, detenidos, procesados y hasta encarcelados por diferentes delitos.
NICOLÁS MADURO (VENEZUELA)
Siguiendo con Venezuela, es importante recordar que la ficha vigente de la DEA para detener a Maduro no es la primera ocasión en la que Estados Unidos busca detener al sucesor de Hugo Chávez.
A principios de este año, aún bajo la administración del expresidente Joe Biden, autoridades estadounidenses ofrecieron entre 14 y 25 millones de dólares por capturar a Maduro, quien fue señalado en ese entonces por tener un investidura presidencial ilegítima, además de le agregaron cargos por narcotráfico.
EVO MORALES (BOLIVIA)
El 17 de diciembre de 2024 una fiscal imputó al expresidente de Bolivia Evo Morales por el delito de trata de personas agravado, por lo que se emitió una orden de arresto.
Morales fue señalado de agredir sexualmente a una menor de edad en 2016, cuando cumplía su tercer mandato.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Sandra Gutiérrez en conferencia de prensa.
El 18 de enero de este año, otro juez emitió una nueva orden de aprehensión debido a que el exmandatario no se presentó ante el tribunal para ser conocedor de los cargos que se le imputaban.
Tras un ‘estira y afloja’ con las leyes bolivianas, el 30 de abril de 2025 una jueza dejó sin efecto la orden de aprehensión, y Morales finalmente regresó a su país tras el exilio. Actualmente intenta reavivar su vida política, sin embargo, tiene suspendidos sus derechos políticos y el actual gobierno de Luis Arce mantiene un férreo control sobre esta medida.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (BRASIL)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva llegó al poder luego de haber permanecido por un periodo de 580 días en la cárcel por sus vínculos con la Operación Lava Jato (investigación de corrupción masiva en Brasil que destapó un esquema de sobornos y lavado de dinero involucrando a la empresa estatal Petrobras a políticos de alto nivel).
En 2017, Lula fue condenado a 12 años de cárcel por su participación en esta red de corrupción, sin embargo, solo cumplió 19 meses tras las rejas, debido a que su sentencia fue anulada por defectos procesales.
Lula da Silva siempre defendió que los señalamientos en su contra eran producto de una “persecución política”.
Sin embargo, luego de pasar por este proceso, se involucró en las elecciones del 2022, donde finalmente se impuso como ganador para gobernar por un segundo periodo.
JAIR BOLSONARO (BRASIL)
La imputación de Jair Bolsonaro se basa en la acusación de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
La Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) aprobó el procesamiento del expresidente, quien fue acusado de liderar una “organización criminal” destinada a impedir que Lula asumiera el poder.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó las acusaciones en febrero de 2023, solicitando que Bolsonaro sea juzgado por delitos graves como golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal armada.
La acusación presentada por la PGR incluyó elementos de prueba como videos que demuestran que la acción contra las instituciones no fue una manifestación pacífica, sino un intento deliberado de derrocar el gobierno.
A pesar de las acusaciones, Bolsonaro ha reiterado su inocencia, afirmando que no participó en los hechos del 8 de enero y que si hubiera estado presente, habría enfrentado consecuencias severas.
Sus defensores argumentan que el proceso judicial es una persecución política para obstaculizar su posible participación en las elecciones de 2026. Además, el exmandatario ha señalado que su vida personal y política ha sido invadida.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KICHNER (ARGENTINA)
La expresidenta de Argentina, una figura clave en la política del país, ha sido condenada a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de corrupción.
De acuerdo con las leyes argentinas, Cristina Fernández fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante su mandato entre 2007 y 2015.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena por un esquema de corrupción que implicó el direccionamiento de 51 obras públicas viales a favor de Lázaro Báez, un empresario cercano a los Kirchner.
Según la investigación, se estima que esta maniobra perjudicó al Estado en más de mil millones de dólares. Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani argumentó que Fernández de Kirchner era la “jefa” de una organización ilícita que manipulaba licitaciones y favorecía a Báez con sobreprecios y demoras en las obras.
Cristina Kirchner ha mantenido que es víctima de una persecución política y judicial, denunciando un “lawfare” en su contra, una táctica que, según ella, busca desestabilizarla y proscribirla políticamente.
En sus declaraciones, ha afirmado que no hay pruebas suficientes que la vinculen directamente con los delitos por los que fue condenada. De momento, está inhabilitad para ejercer y/o buscar cargos públicos.
ALBERTO FUJIMORI (PERÚ)
Desde su ascenso al poder hasta su caída y condena. A lo largo de su mandato, Fujimori estuvo involucrado en numerosos escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos que llevaron a su detención y juicio.
Fue presidente de Perú desde 1990 hasta 2000, cuando en medio de un escándalo de corrupción, huyó a Japón, donde se refugió bajo su nacionalidad japonesa.
La justicia peruana lo buscó durante años, solicitando su extradición, que fue denegada por Japón debido a sus leyes sobre la no extradición de ciudadanos. Sin embargo, en 2005, durante una visita a Chile, fue arrestado.
En 2007, tras un prolongado proceso legal, la Corte Suprema de Chile aprobó su extradición a Perú, donde enfrentó múltiples cargos. En 2008, comenzó el juicio que culminaría en su condena.
En 2009, fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos y condenado a 25 años de prisión por su participación en los asesinatos y secuestros perpetrados por el Grupo Colina.
Uno de los aspectos más controvertidos del juicio de Fujimori fue la calificación de sus crímenes como “lesa humanidad”.
Aunque en Perú no existía legislación específica que reconociera este término, la Corte Suprema lo consideró aplicable debido a la gravedad de los delitos. Esto marcó un precedente importante en la justicia latinoamericana, al ser el primer presidente en ser juzgado y condenado por tales crímenes.
A lo largo de los años, Fujimori enfrentó otras condenas por malversación de fondos y corrupción. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario por razones de salud, lo que generó protestas y controversia en la sociedad peruana.
Sin embargo, este indulto fue anulado por la Corte Suprema en 2018, reafirmando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. El exmandatario falleció en 2024.
ÁLVARO URIBE (COLOMBIA)
El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable el lunes 28 de julio por una jueza de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un fallo sin precedentes en la historia del país sudamericano.
La jueza se limitó a anunciar el sentido del fallo --culpable o absuelto-- y se espera que en una próxima audiencia dé a conocer la condena concreta que debe cumplir el exmandatario, quien se expone a una pena de hasta 12 años de cárcel.
El fallo, que es de primera instancia, puede ser apelado por la defensa del expresidente ante un tribunal.
El expresidente, de 73 años, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para manipular a testigos, con ayuda de terceros, para que cambiaran sus versiones o declarasen que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
Uribe siempre se declaró inocente y alega que es víctima de una persecución política.
DONALD TRUMP (ESTADOS UNIDOS)
Antes de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos relacionados con la falsificación de registros comerciales. Estos cargos se centran en un pago de 130 mil dólares que hizo a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016.
El jurado encontró que Trump había ocultado estos pagos en un intento de influir en el resultado electoral, lo que constituye un delito de falsedad en las cuentas. Los 34 delitos surgen de la relación de 11 facturas, 12 vales y 11 cheques que conforman los pagos mensuales de reembolso que le hizo Trump a su abogado personal, Michael Cohen.
El caso se inició a raíz de las acusaciones de Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. Daniels afirmó que tuvo una relación con Trump en 2006 y que recibió el pago para mantener el encuentro en privado.
A lo largo del juicio, se presentó evidencia de que Trump había reembolsado a Cohen por el pago hecho a Daniels, lo que llevó a la Fiscalía a argumentar que esto representaba un intento ilegal de influir en las elecciones.
La condena de Trump marcó un hito en la historia de Estados Unidos, ya que se convirtió en el primer presidente o expresidente en ser condenado en un juicio penal.
Actualmente su administración enfrenta continuamente los señalamientos del vínculo entre el republicano y Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual.
ENRIQUE PEÑA NIETO (MÉXICO):
A principios de julio de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación derivada de un texto periodístico en el que se acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de haber recibido sobornos por 25 millones de dólares, de parte de dos empresarios israelíes, para asegurar contratos durante su sexenio.
Desde Palacio Nacional, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que pediría a Israel información que ayude a esclarecer estas acusaciones, que ya han sido negadas por el exmandatario priista.
“El expresidente ya dio una respuesta, pero nosotros ya abrimos una carpeta de investigación y, por supuesto, vamos a reclamar a las autoridades de Israel esta información”, dijo.
A su vez, Gertz Manero se dijo esperanzado en tener respuesta desde Israel, no obstante recordó que el trato con esta nación ha sido complejo, en referencia indirecta a que, desde hace años, las autoridades de ese país se niegan, por ejemplo, a extraditar a Tomás Zerón, posible implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
YOON SUK-YEOL (COREA DEL SUR)
El Parlamento de Corea del Sur aprobó, a finales de 2024, la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, por haber declarado la ley marcial el 3 de diciembre, con el apoyo de diputados de la formación del mandatario.
Los 300 diputados de la Asamblea Nacional participaron en el proceso, que se saldó con 204 votos a favor de la moción presentada por la oposición para destituir a Yoon, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas.
Tras el conteo, Yoon quedó despojado de sus funciones y el primer ministro, Han Duck-soo, asume ahora de manera interina la jefatura de Estado y Gobierno- a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial.
Yoon Suk-yeol se convirtió el segundo presidente en ejercicio en ser inhabilitado en democracia en Corea del Sur después de que la también conservadora Park Geun-hye fuera apartada del poder y encarcelada en 2017 por una compleja trama de corrupción.
OTROS PERFILES PROCESADOS:
- Ollanta Humala (Perú): Procesado por el escándalo de Odebrecht, fue condenado a 15 años de prisión en abril de 2023.
- Pedro Castillo (Perú): Enjuiciado por un fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, enfrenta una posible condena de 34 años.
- Carlos Menem (Argentina): Procesado en múltiples ocasiones, fue condenado a siete años por contrabando de armas y estuvo en arresto domiciliario en 2001.
- Alfonso Portillo (Guatemala): Encarcelado en EE. UU. por lavado de dinero.
- Álvaro Colom (Guatemala): Detenido en 2018 por fraude y malversación.
- Otto Pérez Molina (Guatemala): Condenado a 16 años en 2022 por asociación ilícita.
- Francisco Flores (El Salvador): Acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, pasó a arresto domiciliario en 2014.
- Ricardo Martinelli (Panamá): Condenado por blanqueo de capitales, fue extraditado a Panamá en 2017.
- Carlos Andrés Pérez (Venezuela): Procesado en 1994 y condenado a 2 años por malversación.
Los juicios contra expresidentes tienen un impacto significativo en la percepción pública y la confianza en las instituciones. La justicia parece, en algunos casos, ser más efectiva una vez que los líderes pierden el poder.
