El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió una prórroga para definir su postura sobre las condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero, conocido como El narco de narcos, quien permanece bajo estrictas medidas de aislamiento en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
La solicitud se presentó luego de que el juez federal Frederic Block ordenara al gobierno estadounidense responder a más tardar el 18 de agosto sobre el régimen de reclusión que enfrenta el exlíder del Cártel de Guadalajara.
Sin embargo, el fiscal Joseph Nocella solicitó más tiempo al señalar que requiere coordinarse con el Buró de Prisiones, el centro penitenciario y la Oficina de Operaciones.
“Estimado juez Block: El gobierno escribe para, respetuosamente, solicitar una extensión de tiempo para responder a la moción promovida por el defendido”, señala el documento.
“El 11 de agosto de 2025, la Corte ordenó al gobierno responder a la moción para el 18 de agosto. El gobierno respetuosamente solicita una extensión hasta el 15 de septiembre de 2025, para poder preparar una respuesta que incluirá, entre otras cosas, coordinación con el Buró de Prisiones, el Centro Metropolitano de Detención y la Oficina de Operaciones”, puntualiza el escrito.
La defensa de Caro Quintero, por su parte, insiste en que las condiciones a las que está sometido vulneran su integridad. En cartas entregadas al juez se denuncia que el exnarcotraficante pasa 23 horas al día encerrado de lunes a viernes, y 24 horas los fines de semana, sin acceso a ejercicio ni contacto familiar.
“Sus comidas son entregadas por una rendija en la puerta, y come solo. La luz siempre está encendida. Con un aire acondicionado errático, muchas veces carece de ropa suficiente o sábanas para evitar el frío”, describe uno de los documentos.
El abogado Mark DeMarco también ha señalado que su cliente no enfrenta cargos de terrorismo, por lo que considera excesivo el nivel de restricciones.
Caro Quintero fue capturado en julio de 2022 en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025 junto con otros 28 acusados. Es reclamado por la justicia de ese país por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiiki” Camarena, ocurrido en 1985.
Aunque en un inicio se abrió la posibilidad de solicitar la pena de muerte en su contra, el gobierno estadounidense desistió. Sobre ese punto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que México no tuvo injerencia en esa determinación: “No participamos en estas decisiones. Es una decisión de Estados Unidos”, sostuvo.
