La renegociación del Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC) ya comenzó… por si usted no se había dado cuenta.
Aunque el calendario del acuerdo fija el comienzo hasta el 1 de julio de 2026, la legislación de implementación de Estados Unidos y la coordinación con sus dos socios, ha detonado ya el proceso de consultas públicas respecto al tratado.
De hecho, el miércoles pasado ocurrió una reunión muy amplia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con representantes empresariales de donde salió un esquema de coordinación de la consultas entre 30 sectores y en las 32 entidades del país. Es buen avance.
El reto de la revisión es más grande de lo que a veces parece.
He percibido entre algunos empresarios la percepción de que México es tan esencial para la economía norteamericana, que la revisión será exitosa y piensan que casi en automático va a salir bien.
No será tan sencillo.
Un artículo que aparece en la edición de The Economist de esta semana, en la sección The Americas, describe precisamente que la revisión del T-MEC ya empezó, de facto, y lo ha hecho bajo un entorno de aranceles expansivos en EU y con la tentación de “destrilateralizar” la negociación.
Ese contexto obliga a México a leer bien las señales y a preparar una posición que proteja cadenas productivas y certidumbre regulatoria, no sólo acceso arancelario.
En los últimos días, Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, dejó entrever que la revisión será “más bilateral que trilateral”, es decir, dos pistas separadas: Washington–México y Washington–Canadá. Esa idea ya circula en foros empresariales y de política pública en Nueva York y Washington.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, matizó: sí habrá alto contenido bilateral —con EU y con Canadá—, pero recordó que hay capítulos que necesariamente son trilaterales, como solución de controversias. Es una precisión relevante: el alma institucional del T-MEC no es un amasijo de acuerdos de sector; descansa en disciplinas comunes y en un sistema de cumplimiento compartido.
¿Cuáles son los riesgos de virar a lo bilateral?
Primero, la fragmentación. Abrir expedientes por país facilita que EU “seccione” las presiones (reglas de origen, energía, trabajo, agro) y coloque a México y Canadá en un juego favorable a los estadounidenses.
Segundo, la asimetría. En una mesa de dos, el poder relativo de Estados Unidos crece y el costo político de ceder se vuelve nacional —ya no “norteamericano”—, lo que debilita la defensa conjunta.
Tercero, la incoherencia regulatoria. Si se pactan ajustes diferenciados por vía bilateral, aumenta la probabilidad de roces en paneles y en el ámbito regulatorio a lo largo de las cadenas regionales.
Hay, por supuesto, oportunidades en lo bilateral: destrabar cuellos de botella quirúrgicos (por ejemplo, metodologías de verificación en reglas de origen automotrices; procedimientos aduaneros; plazos de certificación sanitaria; o listas de insumos críticos) y pactar calendarios realistas de cumplimiento.
Para algunos sectores una agenda bilateral bien diseñada podría evitar disrupciones y preservar inversiones en curso… pero también pueden dar lugar a una regulación confusa.
La experiencia reciente lo demuestra. Las medidas arancelarias unilaterales en EU convivieron con exenciones y “blindajes” parciales bajo el T-MEC; el resultado ha sido un mosaico difícil de navegar y con costos de cumplimiento crecientes.
Por eso, si México acepta una negociación predominantemente bilateral, debe exigir salvaguardas explícitas que aseguren que cualquier ajuste se incorpore luego al marco trilateral, evitando lo que podría verse como una especie de “T-MEC de dos velocidades”.
¿Qué hacer desde México?
Uno, enfatizar que la discusión debe basarse en la competitividad regional: seguridad de suministro energético y de insumos críticos; facilitación fronteriza; estándares laborales y ambientales que sean aplicables y verificables sin frenar el comercio.
Dos, llevar una carpeta de “microacuerdos” sectoriales listos para cerrar en formato bilateral —pero con cláusulas de incorporación trilateral.
Tres, coordinar con Canadá una lista común de “intangibles” que no deben erosionarse (capítulo 31 de solución de controversias; buenas prácticas regulatorias; compras públicas; digital).
Cuatro, activar ya el cabildeo empresarial y sindical en EU y Canadá. La USTR abrió una consulta pública que define el guion de la revisión; quien llegue sin evidencia y sin argumentos sector por sector, perderá terreno.
Más vale que calibremos bien el desafío y que le dediquemos inteligencia, tiempo y energía, para que luego no nos vayan a tomar por sorpresa.