La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que frenó la captura de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán.
Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), interpuso el recurso de queja contra la medida cautelar otorgada por el secretario en funciones de juez federal, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
Ante esta situación, el juzgado turnó el asunto a un Tribunal Colegiado para que en un plazo de 48 horas determine si estuvo bien fundada la suspensión.
Cabe recordar, que contra el exmandatario estatal existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil en la entidad que gobernó, mandamiento judicial que fue librado por una juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente.
El secretario en funciones de juez admitió a trámite la demanda de garantías de Silvano Aureoles, le concedió la suspensión y le fijó una garantía de 52 mil pesos.
En su acuerdo dejó claro que la suspensión provisional tendrá el alcance para que Silvano Aureoles no pueda ser privado de la libertad, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada.
La medida cautelar está vigente hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia incidental en la que se resolverá si concede o no la suspensión definitiva.
La FGR ha señalado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores del exgobernador, quienes fueron imputados presuntamente por ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal superior a los 3 mil 400 millones de pesos.
